La Agrupación de Contratistas Aragoneses de Obras Públicas ya estimó que la reapertura del Túnel de Somport tras el deslizamiento de la carretera debido a las fuertes lluvias de hace tres semanas podría hacerse “en mucho menos tiempo de los aproximadamente seis meses que estimaron inicialmente las autoridades francesas”, y hoy el país vecino habla de que la carretera “podría estar reparada en el mes de enero”.
Tal y como expresaron los contratistas aragoneses, el plazo para arreglar el hundimiento de la RN-134 a la altura de Urdós podría ser de entre siete y quince semanas. En este sentido, han puntualizado que el país galo debería dedicar “los medios necesarios, tanto administrativos como técnicos, para poder reabrir el paso fronterizo lo antes posible”, dada la importancia que tiene no solo para los vecinos, sino también para el comercio de la zona.
El presidente de la Agrupación, Manuel Ariñez, ha explicado que los deslizamientos de tierra provocados por fuertes tormentas se repiten en nuestra Comunidad a lo largo del tiempo y “las empresas del sector han ido adquiriendo experiencia en este tipo de trabajos, colaborando con las diferentes administraciones para solucionar lo más rápido posible los inconvenientes de un corte de carretera como este”.
En cualquier caso, Ariñez defiende que la solución al problema no debería demorarse más de tres meses y medio, y se tendrá que acometer “una obra de drenaje de envergadura”, ante el alcance de los daños, así como analizar si “con un marco prefabricado o la construcción in situ de una canalización de mayor calado para el agua sería suficiente”.
De igual forma, desde la Agrupación se apela a la “voluntad política” porque “se puede trabajar a doble turno e incluso de noche” en aras de reparar la superficie dañada con la máxima celeridad, como sucedió en la reparación de la A-139, dañada por el desbordamiento del río Ésera en 2013, o en la A-132 a la altura de Murillo de Gállego en 2019 tras el desprendimiento de unas grandes rocas.
A lo largo de las últimas semanas, los gobiernos de España y de Aragón han intentado por todos los medios que Francia acortara los plazos y desde distintas instituciones aragonesas, como las Cortes de Aragón, se han trasladado declaraciones firmadas por todos los grupos parlamentarios dirigidas a urgir a las administraciones a acelerar la reparación de la vía.
De hecho, el Parlamento aragonés recordó que una evaluación económica del impacto del cierre del túnel realizado en 2014 por el ejecutivo autonómico valoró los costes directos, indirectos e inducidos del cierre del túnel en más de setecientos mil euros semanales.
