En los últimos años han aumentado exponencialmente las contrataciones de la Administración General del Estado, las autonomías y las entidades locales a sus propias empresas públicas. De hecho, entre 2021 y 2022, cerca de un 80% de los encargos de las administraciones fueron dirigidos a compañías financiadas con dinero público, tal y como indica la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon).
La Administración justifica el aumento de las contrataciones a sus empresas alegando un supuesto ahorro en los plazos, evitando, de esta manera, procedimientos que pueden alargarse en el tiempo, como los concursos públicos. No obstante, algo que se suele pasar por alto es que en la mayoría de las ocasiones las tarifas públicas superan los precios de licitación de las empresas privadas, lo que se traduce en un gasto superior al que generaría la empresa privada que hubiera resultado ganadora del concurso tras una valoración de precios, medios técnicos y humanos, etc.
Asimismo, como se denuncia desde la Agrupación de Contratistas Aragoneses de Obras Públicas, este tipo de actuaciones supone una competencia desleal para las empresas constructoras, puesto que son contrataciones directas, sin concurrencia ni competencia entre otras empresas.
Además, empresas públicas como el Grupo Tragsa, en la que el 51% del capital está controlado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), no poseen medios propios, ya que resultaría muy costoso y poco eficiente para la Administración contar con peones, oficiales y personal especializado; a la vez que tampoco disponen de un gran parque de maquinaria con el que afrontar todos los trabajos que se le encargan. Por eso, al final, se ven obligadas a subcontratar la gran mayoría de los trabajos a empresas privadas constructoras como las que integran la Agrupación.
En cuanto al proceso, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los contratos en los que se utiliza un procedimiento no abierto son casi un 10% más costosos que aquellos en los que impera la libre concurrencia. Así, por cada empresa adicional que participa en una licitación el precio a pagar por la Administración cae algo más de un 2%.
Por último, el aluvión de adjudicaciones a medios propios por parte del Estado, comunidades y ayuntamientos y, por ende, la falta de concurrencia amenaza la competencia empresarial pero también compromete la ejecución de los fondos europeos y los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que pretendía acelerar la recuperación económica y social tras la pandemia de la COVID-19 y conseguir incrementar la capacidad de crecimiento del país a medio y largo plazo, y entorpece o afecta de forma negativa a la relación y a la confianza que las empresas depositan en la Administración, ente cuya razón de ser no puede sino ir de la mano del bienestar de sus administrados y de la prosperidad de todo un país, comunidad autónoma o municipio.
En definitiva, un instrumento pensado para una excepcionalidad no puede convertirse en una moneda de uso común en la resolución de cualquier tipo de licitación.
